La privatización favorece el Estado del “mal” estar social
En pleno siglo XXI
continúan las privatizaciones en España. Si las primeras (entre 1984 y 1996)
afectaron a empresas públicas tildadas de “estratégicas”, que hoy en día
conocemos como multinacionales (Telefónica, Seat, Marsans, Endesa, Repsol,
Argentaria o Ence), ahora parece que le toca el turno a los servicios
relacionados directamente con el Estado de Bienestar como es la sanidad, la
educación o la dependencia. Se trata de negociar con la calidad de vida de los
ciudadanos.
Un breve repaso de los
registros de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI),
antiguos INI y Teneo, desde el inicio de la transición hasta 2004 muestra que
se han privatizado alrededor de 140 empresas públicas, ingresando las arcas del
Estado cerca de 45.000 millones de euros. Desde las ventas iniciales (que
afectaron a compañías como General Eléctrica de España, Marconi Española,
Sevillana de Electricidad, Boetticher y Navarro, para pasar luego a Seat,
Enasa, Trasatlantica, Marsans, Entursa, Secoinsa, ArtEspaña…) o desinversiones
parciales de empresas rentables a través de OPV’s (ofertas públicas de venta),
en las que el Estado se reservaba todavía el control; hasta llegar a la venta
total y pérdida de control del Estado de compañías como Gas Natural,
Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica,
Aceralia, Ence, Iberia, Indra, CASA y Comee –filial de Red Eléctrica-. El
dinero obtenido fue destinado a pagar desde la deuda histórica del INI hasta
reducir el déficit público.
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